Pódese estar de acordo ou non coas ideas políticas de José María, mais o reclamo que fai dun fondo xeral para as actuacións, en particular políticas, é difícil non compartilo. O desentrañado dun ‘ti vai facendo’ interesado no mandato de Pérez Vacas.
Sábado, 12 de enero de 2008
IMPUNIDAD
• Publicado por jmrd_ribadeo a las 15:52
La cosa se veía venir. En democracia los votos mandan e imponen su voluntad. Los intereses generales ceden su puesto frente a los intereses privados y político-partidistas de ciertos personajes que actúan desde la sombra. Nuestros ediles Sólo necesitaban un dictamen jurídico favorable para aferrarse a él como a un clavo ardiendo y justificar así sus pretensiones. Y ese dictamen llegó, o se le hizo llegar, para revestir de cierta aureola de legalidad los acuerdos de los ediles. Ignoran estos que lo legal no siempre es garantía de ética y de moralidad. Sólo de impunidad. El aborto, autorizado por ley, por ejemplo, es legal, pero no es ético ni moral. Y hasta, a veces, la ley se convierte en instrumento de muerte, como pasa en algunos países que aplican la máxima pena, a pesar de los muchos moralistas que la condenan por inmoral. La ética y la moral superan la ley y son garantía de salud social, mientras que la ley no siempre lo es. Y a aquellos que tratan de justificar sus decisiones amparándose en la legalidad, hay que recordarles lo que decía el gran moralista latino, Séneca, al que ya he citado otras veces: Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor. ‘Lo que las leyes no prohiben, puede prohibirlo la moralidad’.
Según las informaciones de que dispongo, los ediles del concejo de Ribadeo, movidos por los oscuros hilos de ciertos personajes que pretenden dirigir la política municipal en su beneficio, en vez de exigir a los promotores la reposición de la legalidad en las mencionadas construcciones afectadas, con esta anunciada amnistía se disponen a legalizar por acuerdo plenario unas 160 viviendas ubicadas en esos edificios afectados de ilegalidad. Una medida que, para mayor cinismo, incluye, además, la legalización del tantas veces denunciado edificio de A Lodeira, exponente de los intereses ocultos del ex alcalde, Vacas, con el exceso de toda una planta que pretenden legalizar por la aplicación a posteriori del futuro Plan de Urbanismo. Es decir, crear una norma para absolver un delito. Una decisión lamentable, pues con esta mala e interesada gestión, dedicada a complacer los intereses de algunos notables, se está tolerando y posibilitando la proliferación de un caos en la construcción que acarreará graves problemas en el futuro. Estamos ante una decisión que convierte al concejo en colaborador necesario de una situación ilegal a costa del urbanismo. Y así nuestros ediles, con una simple firma en el papel y sin despeinarse, se disponen a consagrar con este acuerdo una vía de tolerancia hacia el futuro para que algunos se enriquezcan a costa de un urbanismo ilegal consentido por esta arbitraria amnistía. Y mientras esos promotores se lucran de la ganancia ilícita que les supuso los excesos de altura edificada, los ediles, algunos de ellos responsables por acción u omisión de esas ilegalidades, se disponen a zanjar la cuestión echado tierra sobre el asunto por un puñado de votos o de otra cosa, o por beneficiar a unos amigos. Pero no puedo por menos de felicitar a los propietarios afectados por esta medida porque estoy seguro de que no son responsables del problema que les sobrevino por la desmesurada avaricia de ciertos promotores y la pasividad de algunos alcaldes.
Sin embargo, los efectos de esta permisiva actitud de los ediles no van a suponer únicamente la reposición de la legalidad quebrantada, como afirma el alcalde. Las consecuencias de ese acuerdo van a representar, más bien, una amnistía para los defraudadores y la consagración y garantía de impunidad frente a similares actitudes que, sin duda, se han de reproducir en el futuro, inspiradas por este ejemplo. Es cierto que el alcalde se dispone a exigir mediante decreto la reposición de la legalidad quebrantada, al mismo tiempo que anuncia expedientes sancionadores contra esos cinco infractores. Pero, ¿cree, de verdad, el alcalde que sus expedientes se resolverán con el derribo de las alturas ilegales? Por otra parte, los procedimientos sancionadores que establece la ley están muy por debajo de los beneficios que se derivan de la infracción de las normas urbanísticas, lo que favorece su difusión. Quebrantar la ley resulta, a veces, rentable y merece la pena pagar la sanción.
¿Qué piensa la gente de todo esto? Ignoro si mi postura representa la voz del pueblo. No son pocos los que en la calle me manifiestan su sintonía con mis opiniones. Pero a ellos, como a mi, nos pasa como a la sobrina y al ama de Don Quijote cuando intentaban apartar del pensamiento de su señor retomar el ejercicio de su mal andante caballería. Sus esfuerzos no eran más que ‘predicar en desierto y majar en hierro frío’.-
Comentarios
• Fecha: Domingo, 13 de enero de 2008
• Hora: 13:25
Autor: agremon
Súmome á opinión, punto por punto.
• Fecha: Domingo, 13 de enero de 2008
• Hora: 14:01
Autor: jmrd_ribadeo
Agradezo a valiosa opinión de Agremon ás miñas tesis. Esto demostra que estamos no camiño correcto