Continuación da primeira parte. E de actualidade hoxe, comezando polo último parágrafo: “(…) refuerce el poder de la sociedad y la participación de los ciudadanos en la vida política“
Viernes, 23 de octubre de 2009
EL PODER Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS (II)
• Publicado por jmrd_ribadeo a las 22:29
La aparente calma que se respira estos días en la vida social y política de Ribadeo, ocupada por temas de menor entidad, me permiten dirigir mi atención a hacia otros eventos que en estos momentos se están viviendo en la vida política nacional.
Desde que en la corta historia de la democracia española se ha descubierto que la política es el camino ideal para alcanzar la riqueza de la forma más fácil y en el tiempo más corto son muchos los candidatos a conseguir el poder y a vivir toda su vida de la política. La participación en esta competición está regulada por unas normas estrictas dictadas por los propios partidos políticos que se arrogan el privilegio de elegir y presentar a los candidatos que a ellos les interesan. Hasta tal punto los partidos se reservan el “derecho de admisión” que, mientras andan siempre a la greña entre ellos por cualquier nimiedad, se ponen todos de acuerdo en su condena contra el transfuguismo de sus militantes para que, “prietas las filas”, se ciñan y obedezcan ciegamente al partido e impedir así las iniciativas privadas y las disidencias aunque estas tengan por objeto un mejor servicio a la sociedad. Es así como los partidos, usurpando los derechos del pueblo a poder delegar libre y directamente a quien mejor le parezca el poder que le otorga la Constitución, se han convertido en dictaduras que imponen al pueblo su voluntad y a cuya sombra prolifera los chorizos y mafias que inundan todo de corrupción. En ellos brotan y florecen esos pijos engominados, profesionales de la delincuencia, que practican el soborno y el robo, el tráfico de influencias y el cohecho, la prevaricación y el trinque, desvalijando las cajas públicas, como en el caso Gürtel, contaminando con su purulento virus a toda la sociedad, y hasta a las propias instituciones del Estado, como en el caso Faisán, el de los chivatazos a los terroristas. Casos tan repetidos en nuestra breve historia democrática que llegan a producir anestesia en el sentido ético de los ciudadanos generando una crisis moral que impregna a toda la sociedad, como si la política y la corrupción fueran la misma cosa. Es así como los partidos, a través de las listas cerradas y de la disciplina de partido, ejercen su poder opresor sobre la sociedad y sobre los poderes del Estado. Todo muy español. Pero, ¿tiene remedio esta situación?
Una situación que no es ajena al dudoso concepto de representatividad que subyace en la actual Ley Electoral, cuyo cambio muchos demandan. Amparados en ella los partidos políticos defienden la tesis de que los representantes políticos elegidos en las urnas adquieren libertad total para tomar decisiones y gobernar según sus criterios, independientemente del sentir general, llegando así a la toma de decisiones en contra del sentir mayoritario del pueblo. Recuérdese, sino, la decisión de la adhesión de España a la guerra de Irak, hecha en contra del sentir general de los españoles. En contra de esta tesis están los que piensan que la verdadera representatividad debe entenderse como un reflejo real del deseo y de la voluntad de las mayorías ciudadanas, consecuencia de la elección directa de sus representantes, único medio para llegar a una verdadera democracia, olvidando los viejos conceptos de derechas y de izquierdas en que actualmente se mueve.
Es hora de devolver al pueblo el poder que le otorga la Constitución para poder elegir libremente a sus representantes y ejercer del control necesario sobre los políticos para evitar estas situaciones. Para ello se hace necesario potenciar la puesta en marcha de ciertos requisitos indispensables a través de una nueva Ley Electoral para atajar este virus que está destruyendo la democracia.
Una Ley Electoral que posibilite una relación libre y directa entre los electores y los elegidos, que potencie el control sobre el ejercicio del poder por parte de la sociedad y del ordenamiento jurídico independiente para evitar la repetición de casos como los de Filesa antes o Gürtel ahora, que regule la temporalidad de la duración de los cargos, sabiendo que la prolongada permanencia en los mismos conduce con frecuencia a la corrupción, que potencie la libertad e independencia de los medios de difusión para ejercer libremente la crítica contra la inmunidad del poder, y que, entre otras cosas, refuerce el poder de la sociedad y la participación de los ciudadanos en la vida política.–