Algo que tres lustros despois segue incumprindo a normativa en moito slugares de Ribadeo.
Sábado, 09 de octubre de 2010
PASOS ELEVADOS ILEGALES
• Publicado por jmrd_ribadeo a las 13:56
Hace ya varios años se alertaba en estas mismas páginas contra el abuso del concejo de Ribadeo en la colocación de los pasos elevados de peatones. Desde entonces, y para frenar el desmedido afán de velocidad de algunos alocados, se ha ido ampliando el número de ellos en las calles de Ribadeo, ahorrando así la actuación de la policía en las calles, pero incrementando el subsiguiente impedimento a la fluidez de la circulación y la incomodidad de los conductores con el consiguiente riesgo para sus coches. La respuesta del alcalde de entonces, el inolvidable Pérez Vacas, fue que ‘las vallas son las que son y están donde tienen que estar’. Un verdadero pronunciamiento ‘ex cátedra’ a los que nos tenía acostumbrados en su breve pontificado.
Pasaron los años. Cambió el gobierno municipal. Y las vallas siguen siendo las que eran y siguen estando donde estaban. La actitud del alcalde actual no parece muy distinta a la de su antecesor, pues según noticias aparecidas en la prensa, no sólo no corrigió los errores cometidos por el anterior en la colocación de los pasos elevados de peatones, sino que mantiene, al parecer, la intención de aumentar el número de estos obstáculos en varias calles de Ribadeo.
Del Ministerio de Fomento emanó el 23 de septiembre del año 2008 una norma en la que se daba un plazo de dos años a los ayuntamientos para que adaptaran los pasos elevados de peatones a la nueva normativa. Pero pasaron los años y la normativa no sólo no se aplicó, sino que muchos de los pasos que desde entonces se hicieron siguen incumpliendo la normativa. La nueva norma del Reglamento General de Circulación establece en su artículo 5º que el modelo de estos pasos elevados será ‘una plataforma trapezoidal de 10 centímetros de altura como máximo, construida en hormigón o material asfáltico, con un máximo de 4 metros de largo y unas rampas de subida y bajada de entre 1 y 2,5 metros, dependiendo del límite de velocidad existente: 1 metro para límites de 30 km.; 1,5 m para 40 km. y 2,5 m para velocidades de 50 km, según especifica la asociación AEA.
Pues bien, muy pocos de los pasos elevodos establecidos en las calles de la villa de Ribadeo cumplen la normativa al respecto. Si empezamos por el paseo marítimo que quedó convertido en una verdadera yincana de obstáculos, nos encontramos con nada menos que con cinco pasos elevados de los que todos incumplen la normativa, ya sea por su altura, de 16 centímetros, ya por la longitud de las rampas de acceso, o por el material de que están hechos. El de la calle Rosalía de Castro, excede en altura a lo señalado en la norma, al igual que sucede con la mayor parte de ellos. Y en todos los casos, con rampas de subida y bajada demasiado cortas, teniendo en cuenta la velocidad máxima autorizada en zona urbana.
Cuando el poner obstáculos en las calzadas ha sido considerado siempre un delito, resulta extraño asistir a esta solución arbitrada por las autoridades locales para corregir los excesos de unos cuantos desaprensivos. Esperamos que las autoridades reflexionen sobre las graves incomodidades y aún peligros que la proliferación de estos pasos elevados representa para los conductores. Pero, conscientes de que la inconsciencia de algunos conductores puede poner en peligro la vida de los peatones, no rechazamos la conveniencia de la instalación de los que la prudencia aconseje como necesarios. Pero, eso sí, que se ajusten a la normativa en vigor, que por algo se hizo. Se debe, pues, proceder a una total revisión de los que ya hay instalados para adaptarlos a las normas legales y retirar los innecesarios, como es el caso de los muchos que hay en el paseo marítimo, de los cuales, al menos dos, están casi pegados. Se me dirá que su adaptación a las normas resulta muy gravosa para el concejo. Pero, después de ver la equivocada utilización que se hace de los recursos malgastando el dinero en programas que no son competencia del concejo y en contrataciones que no son necesarias para la actividad normal de la administración local, ese argumento a nadie convence.
Pretender ignorar las normas que regulan estos obstáculos y dejar las cosas como están, significa desprecio a la legalidad y exponer al concejo a tener que abonar los posibles desperfectos que puedan ocasionar en los vehículos y en las personas, así como someter a los usuarios de los coches a una grave incomodidad y, quizás, a posibles accidentes.
